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Los problemas ambientales surgen por la pérdida del equilibrio natural, motivado por la alteración los entornos que algunas veces son producto de los fenómenos naturales (terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, entre otros), pero, como se ha demostrado, la mayor parte de los impactos que conllevan al desbalance ecológico es dado a la intervención antrópica, dado al afán del ser humano en querer dominar la naturaleza.

Por lo anterior, el cuidado del medio ambiente ha pasado a ocupar los primeros lugares de atención de los Estados, emitiendo normas para la conservación de los recursos naturales, hasta tal punto de llegar a ser la naturaleza sujeto de protección.

Colombia, en su Carta Magna ha sido declarada como Constitución Ecológica por múltiples sentencias de las Altas Cortes, y también es reconocida a nivel mundial, por tener una extensa normativa dirigida a la protección y conservación de los recursos naturales, acogiéndose además a los Acuerdos Multilaterales.

Con la amplia legislación ambiental y las instituciones que vigilan su cumplimiento, se da garantía a las exigencias del BID que en el diseño de los proyectos queden inmersas las salvaguardias y políticas operacionales, para que en la ejecución de los mismos, conlleve al crecimiento económico, a mejorar la calidad de vida y bienestar social, sin deteriorar el medio ambiente, lo que equivale a decir la aplicación real del concepto de desarrollo sostenible.